El nuevo régimen penitenciario: el canibalismo

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Entre los hechos más insólitos e increíbles que ocurren en este país o, mejor dicho, que este Gobierno lleva a cabo, están las recientes declaraciones de nuestra ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien durante la presentación del Informe de Venezuela sobre Derechos Humanos ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, manifestó que la nación “ha superado con creces” las recomendaciones emitidas en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de esta institución. No conforme con semejante mentira emitida ante el organismo multilateral más importante del mundo, prosiguió diciendo que “en Venezuela se preserva y garantiza verdaderamente los derechos humanos y se desarrollan políticas públicas orientadas a la atención de las poblaciones más vulnerables y, EN ESPECIAL, de los privados de libertad”.

Esto nos hace preguntarnos acerca de los derechos humanos de varios reclusos que se encontraban en la cárcel de PoliTáchira hace algunas semanas, que fueron sometidos a realmente las situaciones más dantescas que han pasado por la historia venezolana. Entre todos los cuentos que nos llegan acerca del maltrato a reclusos (especialmente si simpatizan con la oposición), sobre el hacinamiento que se sufre en los centros penitenciarios del país, la malnutrición o el abuso que ha ejercido la nueva élite que ha surgido dentro de las cárceles (“los pranes”) y un sinfín de historias más, tenemos ahora una situación de canibalismo dentro de nuestras prisiones. Sí, como lo leyeron, canibalismo.

Recientemente dos presos fueron asesinados dentro de una cárcel de PoliTáchira y conforme a sus familiares, habrían sido mutilados para luego servir de alimento a un antropófago confeso. En medio del amotinamiento que se prolongó cerca de un mes, en el que los reos demandaban a las autoridades la mejora de su trato y el traslado a otras cárceles por motivo del hacinamiento, los detenidos comenzaron a enfrentarse entre ellos. Como resultado de esta revuelta, los presos Anthony Correa y Juan Carlos Herrera, fueron asesinados brutalmente y luego mutilados para ser distribuidos como alimento entre los demás reclusos sin que éstos lo supiesen.

Las familias fueron informadas al cabo de semanas de haber ocurrido el incidente. La madre de Correa, Luz Sepúlveda, señaló que comenzó a sospechar de la muerte de su hijo cuando no lo vio en el grupo que trasladaron a otras cárceles del país para poner fin al motín y tampoco apareció en la lista de detenidos de ese centro penitenciario. La situación se volvió más crítica cuando además de la sospecha de su muerte, no le entregaron el cuerpo de su hijo. “Un fiscal salió y me dijo que era muy doloroso lo que tenía que decir: ‘su hijo no aparece, fue uno de los que mataron y se lo comieron'”.

Por su parte, el padre de Herrera (quien lleva el mismo nombre) también indicó a medios que según “la información que tenemos -por uno de los que estaba con él- es que a mi hijo lo agarraron entre 40 personas, lo apuñalaron, lo colgaron para que se desangrara y se lo dieron de comer a los reclusos”. El Señor Herrera también señaló que la situación de motín, que culminó el 6 de octubre cuando la ministra Varela ingresó –sin escoltas- al Cuartel de Prisiones e indicó que 16 de los privados de libertad se trasladarían a la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, empezó “lamentándolo mucho, por la pelea que tienen Iris y el Gobernador (José Gregorio Vielma Mora). Ahora, por darse golpes entre ellos mismos es que estamos en este problema. Mi hijo murió hace ya 10 días. La ministra sabía que si venía, podía resolver”. Pero su hijo no solo murió, se lo comieron, no tiene un cuerpo para velar y enterrar.

Además de todo lo anterior, Herrera también declaró que el 31 de septiembre unos hombres fueron a su casa para negociar que les entregara el carro como pago por preservar la vida de su hijo. Como no le proveían señales de vida, se negó a ceder ante tal extorsión. Finalmente indicó que “no le quieren decir la verdad al país” y le pidió a la Fiscalía que se investiguen estas muertes y también la extorsión de dos funcionarios (de apellidos Escalante y Rubio), quienes le quitaron dinero a cambio de permitir visitas. Señaló que posee videos y audios para sostener esta denuncia. Asimismo indicó que no había realizado la denuncia por la amenaza de cometer asesinatos masivos si el caso salía a luz pública.

El líder del motín conocido como “El Grillo”, ordenó a Dorángel Vargas, conocido como “comegente”, a desmembrar los cuerpos de las víctimas para amedrentar a otros reos.  El Comegente está preso desde 1999 en el Cuartel de Prisiones de la Policía de Táchira, luego de ser acusado de matar, descuartizar y comerse a tres personas. En febrero de 2010, el Juez Tercero de Ejecución de la entidad dictó que: ” (…) En primer lugar, considera esta juzgadora que el ciudadano Dorángel Vargas debe continuar con la medida de seguridad indeterminada que sufre, con base a lo que establece el artículo 515 del Código Orgánico Procesal Penal, después de haber oído a las expertas en donde exponen a viva voz no solo el estado de salud físico y mental en que se encuentra el ciudadano Dorángel Vargas, sino la necesidad de que este ciudadano debe mantener de por vida medicación y cuidado exclusivo en virtud de la enfermedad mental que padece, si bien es cierto la Comandancia de la Policía no es el lugar adecuado para una persona declarada inimputable y a quien se le impuso una Medida de Seguridad, no menos cierto es que el Estado Venezolano, se encuentra en mora para todas aquellas personas en las condiciones de Dorángel, en consecuencia quien aquí decide considera que lo procedente tanto para el resguardo de la integridad del ciudadano Dorángel Vargas como de terceros, es que el mismo continúe el cumplimiento de la medida de seguridad en la Comandancia de la Policía del Estado Táchira (…)”.

Teniendo todo esto presente, a la ministra Varela le pareció oportuno destacar ante la ONU el “esfuerzo” del Gobierno Bolivariano para desarrollar e implementar el “Nuevo Sistema Penitenciario y Disciplinario”, basado en “el orden, dignificación y rehabilitación” de los privados de libertad, y que promueve además la “reconstrucción y pacificación” de los penales. Señaló que en la gran mayoría de los centros carcelarios del país se aplica el “nuevo régimen” penitenciario que ha desarrollado el Gobierno Nacional para lograr una “transformación integral” en los hombres y mujeres pertenecientes a la comunidad privada de libertad.

Dios nos libre de esa transformación integral en hombres y mujeres, y a usted ministra Varela ¡no sea tan descarada y cara dura!

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