Generales del hambre y la corrupción

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El primer guiso que se destapó este año involucra al sector militar nacional y, honestamente, está bien cargado de literalmente, alimentos. A través de una investigación que realizó la agencia internacional de noticias Associated Press (AP), en la que encontró documentos y realizó entrevistas a más de 60 funcionarios, entre ellos 5 ex generales, propietarios de empresas y trabajadores, conocimos más a fondo cómo el Gobierno, a través de los militares, no solo se llenan los bolsillos entre ellos, pero además mantienen aplacadas tanto a las FAN como a todo el pueblo venezolano.

En un principio conocíamos la realidad de la corrupción en el sistema de los CLAP, en el que están a cargo de funcionarios militares, estos vendían las bolas de alimentos a un cierto sobreprecio, dependiendo de la zona y los productos que llevaran las mismas. Sin embargo, la realidad es mucho más grande y triste, abarcando todas las etapas de la cadena de importación y distribución de alimentos. Incluso, ya el general retirado Clíver Alcalá declaró: “ahora la comida da más que la droga”… ustedes nos dirán…

Todo empezó cuando el fallecido presidente Hugo Chávez creó  el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el año 2004, poniendo a cargo de esta cartera a los mismos militares, así como lo hemos visto en incontables ocasiones siendo el sector salud otra área de la nación gravemente afectada. De esta forma, y a través de la nacionalización y expropiación de granjas y fábricas, la destrucción de todo el aparato productivo nacional, sumado al declive de los precios petroleros desde el año 2014, el Gobierno ya no tiene recursos para importar todo lo que el país necesita para subsistir.

De manera más reciente, cuando el hambre empezó a encender protestas y saqueos a nivel nacional, Maduro les otorgó mayor poder a los generales en cuanto al control de la comida. De esta manera, se cercioraba de mantener “en cintura” al pueblo venezolano y además de que los militares también consiguieran la forma de abastecer sus necesidades y así no caer en la tentación de una insurrección en contra de este Gobierno lleno de forajidos sin vergüenzas.

El control de casi todos los alimentos del país abarca todas las esferas de la cadena de adquisición y distribución y lo componen todas las formas de corrupción y guisos que tienen lugar en nuestra nación. Desde la concesión arbitraria de divisas a empresas fantasmas para la importación de alimentos, los sobreprecios de los productos a importar y los sobornos y “pagos de peaje” que tienen lugar en nuestros puertos nacionales, hasta en las vías para llegar a su destino final.

Según Werner Gutiérrez, profesor de agronomía de la Universidad de Zulia “si Venezuela pagara los precios del mercado (los de verdad) podríamos importar el doble y fácilmente satisfacer las necesidades de nuestra población”. En vez de eso, hay gente escarbando entre la basura y muriéndose de hambre.

José Campos, una de las personas entrevistadas por AP, un tendero que se quedó sin alimentos básicos hacia el mes de julio del año pasado, se encontró en la necesidad de viajar, en medio de la noche con las consecuencias que eso pudiere traer, hasta un mercado ilegal administrado por militares para comprar pallets de harina de maíz a 100 veces el precio fijado por el Gobierno. Campos señaló: “los militares estaban allí pendientes de las bolsas de dinero. Siempre tuvieron lo que necesitaban”.

Otro entrevistado que prefirió permanecer en el anonimato por miedo a represalias, quien es un empresario sudamericano, también indicó que en julio pasado tenía un barco lleno de maíz esperando en el puerto. Afirmó que ya había pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos. Aseguró que el barco tenía “20 días que estaba atracado”, de acuerdo a mensajes de texto que él mandó y mostró a AP. En éstos, se aprecia la respuesta del general Rodolfo Marcos Torres, quien entonces era ministro de Economía y ahora es el titular de Alimentación: “¿Cuál es el problema?” fue su respuesta. No ninguno General, solo que aquí hay hambre, pero no se angustie.

En este caso, finalmente, el empresario tuvo que llevarse el barco porque los gastos estaban subiendo por la demora. Él entendió que necesitaba pagar más sobornos porque no se procedía a ningún trámite. Él asegura haber pagado USD$8 millones a las personas que trabajan para Marcos Torres. Explicó que vendedores como él pueden darse el lujo de sobornar a funcionaros porque inflan los precios en la factura que le entregan al Estado. Su contrato de maíz de USD$ 52 millones incluyó un sobre precio de varios millones de dólares.

Respecto a las empresas fantasmas, AP consiguió documentos que muestran que Marcos Torres otorgó varios millones de dólares a varias, entre ellas: Atlas Systems International, la cual recibió USD$ 4,6 millones para importar pasta. Atlas, registrada en Panamá, tiene todas las características de una compañía fachada, por ejemplo: sin activos conocidos y una estructura de accionistas difícil de descifrar. Otro proveedor gubernamental de alimentos es J.A. Comercio de Géneros Alimenticios, la cual tiene en su portal web una dirección inexistente en una ciudad industrial cercad e Sao Paulo, Brasil –y recordemos las conexiones entre estos países-.

Las dos compañías transfirieron más de USD$ 5 millones a una cuenta de Ginebra –el paraíso fiscal preferido de la robolución- controlada por los cuñados del entonces ministro de Alimentación, el también general Carlos Osorio (2012-2013). Osorio no tuvo la gentileza de responder a las solicitudes de comentarios de AP. Además recordemos que en el pasado ha desestimado cargos de corrupción como ataques personales de la oposición.

Finalmente están los casos de corrupción entre los funcionarios militares de más bajo rango, los encargados de controlar los puertos, las aduanas, los contenedores, etc. Según decenas de personas que trabajan en Puerto Cabello, a donde llegan la mayoría de los alimentos importados, los militares a veces dejan a los barcos esperando en el mar hasta que se les pague el soborno. Un estibador, que también prefirió permanecer en el anonimato, dijo que los clientes le dan sobres de dólares para que se los entreguen a los oficiales para que sus barcos puedan atracar. Luego de que la mercancía se descarga, los agentes de aduanas también toman su parte. Los funcionarios inician el proceso de nacionalización de los bienes hasta que se les paga el equivalente a un salario mínimo mensual. Luis Peña, director de operaciones del importador Premier Foods, con sede en Caracas, dijo que paga a una larga lista de funcionarios militares por cada envío que hace de pequeñas empresas en Estados Unidos.

No obstante, si los importadores tratan de saltarse el proceso sin pagar sobornos, la comida se queda y se pudre, sin la más mínima señal de remordimiento. Otros testigos del puerto, aseguraron que cuando la comida se echa a perder, los militares tratan de deshacerse de ella discretamente. Daniel Arteaga, un operador de grúas en Puerto Cabello, vio cómo empleados estatales enterraban cientos de contenedores de pollo, carne y granos podridos. “Enterraron tantos contenedores de pollo y de carne mientras uno tiene que hacer su cola todas las semanas, y solo te dan un pollo… me hizo sentir triste, porque el Gobierno preferiría perder esa comida en vez de regalarla o venderla”… por si pensaban que lo de Pudreval ya había sido superado. Con este Gobierno nada se supera, solo empeora…

Sin embargo, los pagos no se detienen una vez que los cargamentos salen del puerto, los camioneros deben pasar por puntos de control militar estratégicamente ubicados para detener a los traficantes de alimentos. Los conductores dicen que la mitad de los funcionarios en los puestos de control, les cobran.

Al final de esta cadena, algunos soldados venden alimentos básicos directamente a los negocios –además de los CLAP-. El panadero José Ferreira, otro entrevistado, hace 2 cheques por cada compra de azúcar en la ciudad de Valencia: uno por el precio oficial de 2 centavos la libra y otro por el soborno de 60 centavos la libra, es decir, el soborno vale 30 veces el precio real.

Mientras tanto, también en Puerto Cabello, Pedro Contreras, un señor de 74 años, pasa por el medio del tráfico en las tardes para barrer los granos de maíz que caen de los camiones que pasan traqueteando. “El ejército está engordando mientras mis nietos enflacan… toda la comida venezolana pasa por aquí, pero poca llega a nosotros”.

El actual ministro de Alimentación, el general Rodolfo Marcos Torres, tampoco respondió a los pedidos de declaraciones que le hiciera AP por (1) teléfono, (2) correo electrónico y (3) carta entregada en mano. En el pasado ha dicho que no se involucrará en peleas con una oposición “antipatriota”. General, el único antipatriota y además vendepatria, es usted ¡ladrón!

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